Una protesta pública contra la concesión minera en Quimsacoha, provincia del Azuay, derivó en una sentencia de ocho días de cárcel para tres dirigentes.
Carlos Pérez, presidente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de Tarqui, solo esperan la notificación de la Corte para entregarse.
"Defender el agua no es un crimen", dice Pérez.
Ellos fueron detenidos en el 2010. Inicialmente, la acusación fue por sabotaje y terrorismo. Terminaron siendo juzgados por interrupción de un servicio público. Ese delito, según el artículo 246 del Código Penal, es sancionado con un año de prisión. Los jueces, sin embargo, redujeron la pena a ocho días. ¿El argumento? "Indicaron que no somos sujetos peligrosos para la sociedad y por ser un acto altruista en defensa del agua se reducía la condena", explica Pérez.
Ellos ya no pueden interponer ningún recurso legal para evitar la cárcel. Irán, eso sí, a la Corte Constitucional para presentar una acción de protección. Es cuestión de mero trámite: su intención es agotar todas las instancias nacionales para acudir a organismos internacionales.
Los dirigentes azuayos solo tienen que esperar que la Corte Nacional remita el expediente con todo el proceso a la Corte Provincial. Entonces se emitirán las boletas de encarcelamiento. "Antes de ser arrestados como delincuentes comunes iremos a presentarnos", explica el presidente.
El proyecto minero fue concesionado a la empresa Iamgold que, en 2012, anunció su intención de venderlo.
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