CARTA DE SOLIDARIDAD A COMPAÑEROS CRIMINALIZADOS
ECUADOR: APRESADOS TRES DEFENSORES DEL AGUA
POR OPONERSE A PROYECTO MINERO
PARADÓJICAMENTE,
EL JUEZ RECONOCE QUE SU CAUSA ES “ALTRUISTA”
Carlos Pérez
Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, reconocidos líderes de
las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, cumplirán esta semana la
sentencia condenatoria impuesta contra ellos, en un proceso judicial que se
instauró desde mayo de 2010 a causa de su liderazgo comunitario en la defensa
del páramo de Kimsakocha en los que nacen 2 de los 4 ríos que pasan por la
ciudad de Cuenca y abastecen de agua para uso doméstico y riego a numerosas
comunidades indígenas que viven de la agricultura y la ganadería.
Desde el año
2001 cuando se concesiona de forma ilegal a la empresa Iamgold -hoy
asociada con INV Metals, también canadiense- el proyecto minero Kimsakocha, las comunidades afectadas realizan acciones pacíficas y
jurídicas como la primera consulta comunitaria del Ecuador sobre minería,
realizada el 2 de Octubre de 2011, en la que el 93% de la población se
pronunció en contra de la actividad minera a gran escala en sus territorios ya
que utilizaría grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación
así como la destrucción de sus nacientes.
La Asamblea Constituyente de 2008 amnistió a cientos de
defensores de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de
nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales
y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema,
movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias
acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que
“algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos
políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías
nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por
funcionarios públicos (segundo considerando)
Sin embargo en
el marco de varios procesos de criminalización a defensores de derechos, Carlos
Pérez Guartambel sufrió una detención arbitraria en 2009. Posteriormente, el 4
de mayo de 2010, durante la movilización no violenta realizada en oposición al
proyecto oficial de Ley de Aguas, la misma que es reprimida por la policía, se
inicia el procesamiento judicial contra Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín
Arpi. Al momento de la detención de los tres líderes en Tarqui, en el parte
policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público,
agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y
obstaculización de servicios públicos”.
El mismo día, el
Juez II de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden
de prisión preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios
públicos tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una acción de amparo de
libertad solicitada por los procesados, el presidente de la Corte Provincial
del Azuay, revoca la prisión preventiva.
Veinte días después el mismo Juez II de lo Penal, en respuesta a un nuevo
pedido de prisión preventiva por el
fiscal, dicta medidas alternativas: abstenerse de concurrir al lugar de
la protesta, prohibición de salir del país y obligación de presentarse en la fiscalía
cada 8 días.
El 28 de junio
el mencionado juez penal llama a juicio y otra vez dicta orden de prisión
preventiva. El 1 de julio el juez concede fianza carcelaria a solicitud de los
procesados, aduciendo que “el delito que inicialmente se acusó por terrorismo y
sabotaje, se cambió por lo tanto se admite la caución”. El 24 de agosto, el
primer tribunal de garantías penales del Azuay, pese a fuertes presiones
políticas, confirma la inocencia de los tres líderes.
El 27 de agosto
la Fiscalía XI de lo penal del Azuay interpone recurso de casación ante la
Corte Nacional, la misma que en vez de desechar el recurso por mal interpuesto
corrige al fiscal que no debe casar la sentencia sin antes haber agotado otros
recursos y sugiere apelar ante la Corte Provincial; efectivamente el fiscal
apela la sentencia ante la sala segunda de lo penal de Cuenca, que acepta el
recurso de apelación y revoca el fallo del Tribunal Penal condenando a un año
de prisión a los acusados y agrega que por ser una lucha altruista en defensa
del agua, rebaja la pena a 8 días.
El 14 de agosto
de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional con voto de mayoría de los doctores
Merino e Iñiguez, desecha la casación y condena a prisión a los líderes
indígenas, defensores del agua y la pachamama; mientras que el juez Blum con
voto de minoría declara la nulidad del proceso por interponer mal la fiscalía
el recurso de casación en vez de apelación. El 15 de enero de 2013 son
notificados con la sentencia condenatoria y se apresta a la ejecución de la
sentencia.
Este hecho
sienta un grave precedente judicial para el movimiento social ecuatoriano pues
conculca el derecho a la resistencia y a la protesta social pacífica, más
todavía si se aprueba el proyecto de código penal propuesto por el ejecutivo,
el cual acumula y endurece penas en la mayoría con sanciones de prisión, con acciones
represivas contra el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución
ecuatoriana.
Por eso desde
nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza
nos preocupa que esto ocurra en un país como Ecuador, que ha ratificado
múltiples tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de
quienes son sus defensores; que tiene una Constitución que establece el derecho
fundamental al agua, garantiza la soberanía alimentaria, reconoce el derecho a
la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las
personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus
derechos constitucionales.
Condenamos la sentencia contra los tres líderes defensores del
agua en Azuay, más aún cuando ésta reconoce su inocencia al agregar que “en consideración a las
condiciones humanas de los procesados, esto es, por tratarse de personas que no
constituyen peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta
fueron de carácter altruista y social, en defensa del agua (...) ve como
atenuante y rebaja la pena a 8 días”.[1]
Expresamos
nuestra solidaridad y apoyo a quienes defienden la
naturaleza y los derechos de las comunidades y denunciamos a la comunidad
internacional el
riesgo que corren centenares de líderes sociales que son víctimas de
persecución judicial.
SIGUEN FIRMAS
A título
personal:
Alberto Acosta, Quito - Ecuador
Francisco Esteban Aguirre Andrade, Cuenca - Ecuador
Ileana Almeida, Quito - Ecuador
Pocho Álvarez, Quito - Ecuador
Erika Arteaga Cruz, Quito - Ecuador
Ximena Avilés, Ecuador
Gregory Ayala, Patricia Pilar - Ecuador
Michelle Báez, Quito - Ecuador
Marc Becker, Missouri - EEUU
Ana Silvia Begalli, Sao Paulo - Brasil
Gina Benavides, Quito - Ecuador
Sylvia Bonilla, Quito - Ecuador
Omar Adrian Bonilla Martínez, Quito - Ecuador
Álvaro Campuzano Arteta, Quito - Ecuador
Patricia Carrión, Quito - Ecuador
Marco Cedillo Cobos, Quito - Ecuador
Carmen Cepeda
Juan Cuvi, Cuenca - Ecuador
Sofía Dávila, Quito - Ecuador
Adela de la Bastida, Quito - Ecuador
Paul Escajadillo, Perú
Mary García Bravo, Quito - Ecuador
Silvana González, Cuenca - Ecuador
Francisco Xavier Hurtado Caicedo, Quito - Ecuador
Pilar Iglesias, España
Edgar Isch López, Quito - Ecuador
Serapio Laje Liberio, Vinces - Ecuador
Sofía Lanchimba, Quito - Ecuador
Selene López Valdivia
Benjamin Macas, Loja - Ecuador
Hugo Mafla Castillo, Quito - Ecuador
Juan Alberto Malo Larrea, Quito - Ecuador
Dr. John Martin Pedersen
Lucero Mendizábal, México
Nayeli Moctezuma Pérez, México
Dr. Nina Isabella Moeller
Héctor-León Moncayo S., Bogotá - Colombia
Jennifer Moore, Ottawa - Canadá
Melissa Moreano Venegas, Quito - Ecuador
Diego Oña, Quito - Ecuador
Lenin Oña, Quito - Ecuador
Pablo Ospina Peralta, Quito - Ecuador
Alfredo Pérez Bermúdez, Quito - Ecuador
Carlos Pástor, Quito - Ecuador
Julio Prieto Méndez, Quito - Ecuador
Johana Romero Larco
Gabriela Ruales, Quito - Ecuador
Fernanda Sáenz de Viteri, Quito - Ecuador
Natalia Sierra, Quito - Ecuador
Marco Tello, Quito - Ecuador
Julio César Trujillo V., Quito - Ecuador
Andrés Vallejo Espinosa, Quito - Ecuador
Fernanda Valverde, Quito - Ecuador
Teresa Velásquez, California - EEUU
Víctor Hugo Vinueza, Quito - Ecuador
Kashyapa A.S. Yapa, Riobamba - Ecuador
Ximena Warnaars Delgado, Perú
Raúl Zibechi, Uruguay
Carlos Zorrilla, Intag - Ecuador
Organizaciones:
Acción Ecológica,
Quito - Ecuador
ACOPSAS, Sucumbíos - Ecuador
Asamblea Buenos Aires No a la Mina, Buenos Aires - Argentina
Ramón Navarro, Asambleas Ciudadanas Riojanas,
La Rioja
Alfredo Carrasco, Asamblea de Usuarias y Usuarios
de Servicios Básicos, Guayaquil - Ecuador
Asociación
Latinoamericana de Medicina Social, Alames, Quito -
Ecuador
Asociación de
Mujeres el Tiesto, Quito - Ecuador
Blue Planet
Project
Fabricio Guamán, Casa del árbol, Quito -
Ecuador
Centro de
Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito -
Ecuador
Jeanneth
Villarroel H, Ciudadana Informada, Quito - Ecuador
CHOLA -
Filial CEDOCUT, Quito - Ecuador
Colectivo de
Género y Acción Política, Quito - Ecuador
Paúl Hersch
Martínez, Colectivo en el Volcán, México
Gonzalo Collazo,
Colectivo Ovejas Negras, Montevideo - Uruguay
Colectivo
Político LUNA CRECIENTE, Quito - Ecuador
Ximena Gudiño,
Coordinadora, Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, Quito - Ecuador
Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador
Rolando Condori Quispe, Coordinador de Turno, Comisión
Nacional de Defensa del Agua y la Vida – CONAGUAyVIDA
Ramiro Vinueza, Comité de Familiares de los 10 de
Luluncoto, Quito - Ecuador
Comité
Nacional de Víctimas y Familiares de Víctimas de la Comisión de la Verdad, Quito - Ecuador
Pablo Cardoso, Comunidad Ecológica Quizha Quizha
Luis Isarra Delgado, Secretario General, Confederación
Continental de Trabajadores y Trabajadoras del Agua, Saneamiento y el Ambiente
– CONTAGUAS
Natasha Rojas, Presidenta, Confederación Unitaria
de Barrios del Ecuador, Quito - Ecuador
Coordinación
Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo PIDHDD, Quito - Ecuador
Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de
Chile
Laura Valverde, Coordinadora Ni una Sola Mina
Council of
Canadians, Canadá
Ecuador
Decide
Marta Sahores,
Esquel, Argentina
Jerónimo López Sevillanos, Secretario General, Federación
Departamental de Trabajadores de Arequipa
- FDTA, Perú
Mirtha Callacna Mendo, Presidenta, Federación
Nacional de Trabajadores del agua Potable y Alcantarillado del Peru – FENTAP,
Perú
Food and
Water Watch, EEUU
Philip McManus, Forging Alliances South and North,
Santa Cruz, California – EEUU
Josefina Gabriel Rosas, Presidenta, Frente de
Defensa del Agua y la Vida de Junín – FREDAJUNIN
Luz Mariana Rodríguez Rojas, Presidenta, Frente de
Defensa del Agua y la Vida de Lambayeque - FREDALAV
Fundación
Abril, Bolivia
Alfredo Merino, Presidente, Fundación Brethren y
Unida, Quito - Ecuador
Oscar Olivera Foronda, Guerreros del Agua de
Cochabamba, Bolivia
Ana Vera, Indymedia - Ecuador
Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos, ILSA, Bogotá - Colombia
Internacional
de Servicios Públicos (ISP), Sao Paulo - Brasil
Sisa Pacari Bacacela, dirigente, Magisterio
Bilingüe de la UNE, Ecuador
MiningWatch Canadá/Alerta Minera Canadá, Ottawa - Canadá
Movimiento
Continental de Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad, Quito - Ecuador
Movimiento
José Peralta, Ecuador
Leonardo
Echeverría, Movimiento Mi Cometa, Guayaquil – Ecuador
Movimiento
Nacional de Mujeres de Sectores Populares, Quito -
Ecuador
César Cárdenas, Observatorio
Ciudadano de Servicios Públicos, Guayaquil - Ecuador
Observatorio
de Derechos Colectivos, Quito - Ecuador
Fernando
Andrade, Observatorio Juvenil SERPAJ, Quito - Ecuador
David Dene,
Co-Fundador, Protect Ecuador, Almería -España
Sara Larraín, Directora Ejecutiva, Programa Chile
Sustentable, Chile
Manuel Rozental, Pueblos en Camino
Red de
Ecologistas Populares
Red
Vigilancia Interamericana por la Defensa y Derecho al Agua
Marcos Leyva
Madrid, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Oaxaca -
México
Waldemar Jiménez, Servicio Paz y Justicia SERPAJ,
Ecuador
Manuel Ramos Palomino, Secretario General, SUTOPEC
Tropel-Voz Activa,
Quito - Ecuador
Carlos Beas, Unión de Comunidades Indígenas de la
Zona Norte del Istmo, Oaxaca - México
[1] Sentencia
(proceso 128-11) dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
Página 29
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu aporte es importante, opina y comenta sobre el tema de este post